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INICIO OPINIÓN     Lunes, 12 • Septiembre • 2011

Cristal Estándar

¿Just in time?


"No hay nada más difícil de emprender, más dudoso de lograr y más peligroso de administrar que la elaboración de nuevas leyes, porque el que innova en esta materia tiene por enemigos a los que obtienen alguna ventaja de las antiguas leyes, y los que esperan beneficiarse de las nuevas no las defenderán sino con tibieza."

Príncipe Nicolás Maquiavelo

 
Muy estimadas amigas y amigos lectores (para que luego no me tilden de misógino), de nueva cuenta la "tremenda corte" hace de las suyas, y es que resulta que hace unas escasas semanas decidió por siete votos contra cuatro que diputados de la actual Legislatura, que le enviaron una controversia constitucional argumentando que los contratos incentivados de Pemex son inconstitucionales, no tienen interés legítimo para plantearla. Traducción: lo que los ministros quisieron decir es: que el poder legislativo no tiene derecho legal a presentar la controversia. Como curiosidad y sin la mínima malicia, Sería interesante conocer alguna opinión de algún destacado constitucionalista como Miguel Carbonell por ejemplo, un Jorge Carpizo Macgregor, un José Trinidad Lanz Cárdenas o incluso la del diputado petista Jaime Cárdenas Gracia; que tanto se desagarran las vestiduras hablando de la importancia de mantener un orden constitucional.

Repasemos lo que dice el artículo 105, apartado II, inciso a, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos , (de seguro a los ministros de la corte ya los acompaña últimamente su amigo el alemán) en referencia a los que tienen personalidad legal para interponer controversias constitucionales , y cuyo párrafo cito de manera textual: "De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse a la fecha de publicación de la norma, por:

a)- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la cámara de diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el congreso de la Unión;

b)- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del senado, en contra de leyes federales o del Distrito expedidas por el congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el estado mexicano.

Para los que tienen buena memoria, recordemos que ya antes había sucedido lo mismo con varios presidentes municipales que se consideraron afectados por la cesión de territorio de sus municipios a empresas que tendrán la concesión por 30 años para explorar y explotar hidrocarburos y por la transferencia de Pemex a los contratistas de parte de la renta petrolera.

Y, antes de esto último, resolvieron lo mismo contra algunos diputados que trataron de hacer lo propio con los contratos de servicios múltiples, versión anterior a la Reforma Energética, del mecanismo de entrega de los beneficios del petróleo a los contratistas.

La Suprema Corte actuó de una manera muy superficial; no se discutió si los contratos son o no constitucionales, sino el derecho de quienes presentaban la controversia, a defender los intereses de la Nación, el que les fue negada. Mientras se está asesinando a Pemex, la Suprema Corte se entretiene discutiendo si quienes están viendo el asesinato pueden o no, jurídicamente, señalar el homicidio.

¿Quién entonces y cómo, puede o podemos, parar el atentado? Si la Suprema Corte es la única instancia para interpretar la Constitución y en este caso para señalar la constitucionalidad o no de los contratos, nos podrían decir los señores ministros ¿quién tiene derecho a pedirles que lo hagan? ¿Cómo podemos convencerlos de que actúen frente a un hecho de lesa Patria?

Un grupo de señores incrustados en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos se sirven con la cuchara grande de los contratos y reparten, además, parte de la renta petrolera que corresponde a la Nación, a cercanos y consentidos, abusando de que una Ley secundaria los faculta para diseñar los contratos, pero ignorando los límites que la Ley Suprema establece. En este caso, si la Suprema Corte calla, otorga.

La Suprema Cortesana puede estar tranquila, pues cumplió con precisión, en tiempo y forma -que en este caso la forma no fue fondo-, con las instrucciones de sus jefes de hecho: los dueños del poder y del dinero (just in time, como dicen nuestros vecinos del norte)

Quiero concluir este trabajo con unas preguntas para la reflexión: ¿Qué hacer si quienes debieran ser garantes del estado de derecho lo violan y quienes debieran juzgar no juzgan, amparándose en meras cuestiones procesales, para nunca entrar al fondo del asunto, con lo que impiden el acceso a la ley, ¿Se trata de un laberinto siniestro sin solución?

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Twitter: @cristalazo

Acerca del autor:

Lic. Enrique Javier Cruz Romero

Soy abogado penalista, periodista, investigador jurídico de temas relacionados con la Procuración de justicia en el país. Conductor en los programas de televisión: A fuego Lento y Linea de Golpeo, que se transmiten a través de la liga: www.tmcampeche.com , TMC canal 43. MI ACTIVIDAD PROFESIONAL LA ALTERNO CON EL PERIODISMO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN SOY ARTICULISTA,CUYA PAGINA DE CONSULTA EN LA WEB ES: www.periodistasenlinea.org, www.vocesdelperiodista.com.mx,www.yucatanahora.com Y TENGO MI SITIO PERSONAL: http://enriquecruzromero.blogspot.com , EN LO REFERENTE A MI CARRERA ME INTERESA EL DERECHO PENAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA MATERIA DE CRIMINOLOGÍA , ESTA ULTIMA POR SER UNA RAMA DE ESTUDIO LA CUAL SE APLICA EN LA REALIDAD SOCIAL Y JURIDICA QUE EN ESTOS MOMENTOS SE VIVE EN EL PAÍS PARA COMPRENDER MEJOR PORQUE SE DA EL FENOMENO DEL DELITO TRATANDO DE BUSCAR A TRAVÉS DE NUEVOS MODELOS Y ESQUEMAS LEGALES ENCAMINADOS A UNA PREVENCIÓN DEL DELITO. SIENDO UN CONOCIMIENTO REFERENTE A HECHOS OBSERVABLES QUE SE ANALIZAN DE FORMA SISTEMÁTICA Y ORDENADA.

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