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INICIO OPINIÓN     Domingo, 13 • Diciembre • 2009

Asuntos hacendarios

La nueva tasa del IVA del 16 por ciento es inconstitucional


En la iniciativa turnada por el titular del Poder Ejecutivo se considera gravar los Intereses por los créditos que soliciten a las instituciones financieras.

El gravamen a los intereses en comento entraría a partir del 1º de julio del 2010.

Cabe resaltar que el Impuesto al Valor Agregado se causaría no obstante que el "REPECO" lo destine a sus actividades empresariales.

Así mismo se prevé que las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales así como las arrendadoras, a efecto de continuar exentos del IVA por el pago de intereses, deberán de presentar una constancia de su inscripción al RFC a las instituciones financieras a efecto de demostrar que no tributan como "REPECOS" y por ende no les trasladen el impuesto en comento.

Esta es la iniciativa que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.

RESUMEN.-

Nadie presentó de manera formal la iniciativa para incrementar la tasa del IVA por lo cual la norma es inconstitucional


Sin que se hubiese presentado una iniciativa por algún diputado o senador, menos por el Ejecutivo Federal, se incorporaron por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados modificaciones a este ordenamiento, en una clara afrenta a nuestra Norma Fundamental, como se comprobará enseguida.

El procedimiento legislativo, por mandato de los artículos 71 y 72 de la Constitución, comienza con la iniciativa presentada por las autoridades facultadas para ello, e incluso, cualquier libro de Derecho Constitucional lo consagra.

No obstante, del dictamen aprobado por la mencionada Comisión, en ningún momento se aborda alguna iniciativa relacionada con la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en cuanto al aumento de su tasa, e incluso, sólo se incorpora arbitrariamente en la discusión textualmente de la siguiente manera:

"Por otra parte, considerando que el conjunto de medidas propuesto por el Ejecutivo federal en materia de imposición indirecta no ha sido avalado por esta comisión en su totalidad, al no estar aprobada la iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, y reconociendo la necesidad que nuestro país tiene de contar con recursos públicos para poder atender los programas para el combate a la pobreza y demás gasto público, tal y como se manifiesta ampliamente en las exposiciones de motivos de las iniciativas que integran el paquete económico para 2010 que el Ejecutivo federal remitió a este Congreso, la que dictamina estima necesario efectuar reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistentes en incrementar la tasa general del 15 por ciento al 16 por ciento y la tasa aplicable en la región fronteriza del 10 por ciento al 11 por ciento.

Ello es así, ya que una premisa para alcanzar un crecimiento económico sostenido que se traduzca en mayores beneficios para la sociedad requiere mantener la solidez de las finanzas públicas y conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.

Bajo ese contexto, es menester destacar que con base en los resultados de recaudación observados durante 2008, la captación por concepto de IVA en el ejercicio anterior se ubicó en un monto equivalente a 3.78 por ciento del PIB, cifra que a la fecha representa el máximo nivel alcanzado por dicho gravamen desde su introducción en 1980; además de que contribuyó con el 38 por ciento de los ingresos tributarios del país, constituyéndose en la segunda fuente más importante en la generación de recursos de origen tributario, después del ISR.

No obstante lo anterior, durante los primeros ocho meses de 2009 la recaudación de este gravamen presentó una disminución sensible. Al mes de agosto la captación de IVA fue 19.5 por ciento inferior en términos reales respecto del monto observado en el mismo periodo de 2008; además, el nivel de recaudación total es 19.1 por ciento inferior a la meta presupuestada para el mes de agosto del presente ejercicio fiscal.

Algunos factores coyunturales que han contribuido al bajo desempeño del rendimiento recaudatorio de este impuesto son la menor actividad económica registrada en el país a consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional que se propagó al resto de la economía y las medidas adoptadas para atender la contingencia sanitaria ocurrida a finales de abril de 2009.

Aunado a lo anterior, se debe considerar la inminente disminución de los ingresos provenientes del petróleo en los próximos años, debido a la reducción en la plataforma de extracción y exportación del mismo, así como a la volatilidad de su precio internacional, situación que generará fuertes presiones sobre los ingresos públicos.

Ahora bien,esta comisión considera que con el objeto de evitar un escenario económico desalentador durante el 2010 es necesario ajustar las tasas del IVA a efecto de ampliar el potencial recaudatorio de esta base tributaria y lograr la solidez de las finanzas públicas, de forma tal que se garantice el financiamiento de los requerimientos de gasto social y de infraestructura para el desarrollo nacional.

En ese sentido,la que dictamina propone incrementar en un punto porcentual la tasa general del IVAque se aplica en el interior del país; de esta forma, la tasa pasaría del 15 al 16 por ciento. De igual manera, se plantea incrementar en un punto porcentual la tasa que se aplica en la región fronteriza para ubicarse en 11 por ciento en lugar de la tasa del 10 por ciento vigente, siendo menester aclarar que aun y cuando se tiene conocimiento de que ningún país del mundo aplica una tasa preferencial para sus regiones fronterizas, se considera necesario mantenerla para preservar la competitividad entre los contribuyentes que residen en la citada región fronteriza y los comerciantes de los países vecinos, establecidos en las zonas cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.

Ahora bien, es importante destacar que el régimen de tasa cero y de exención previstos en la Ley de la materia no son objeto de modificación alguna, con lo cual se asegura que el 41 por ciento del consumo total no se vea impactado con el incremento de tasas propuesto.

Bajo esa tesitura, esta comisión considera adecuada la tasa general del IVA del 16 por ciento si se compara con el nivel que prevalece en el contexto internacional.

Asimismo, en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuya tasa promedio vigente del IVA es del 19.3 por ciento, se ha incrementado la tasa general de este impuesto en 52 por ciento, en promedio, desde el año de su introducción hasta el año más reciente del que se dispone información.

Se estima que el impacto recaudatorio del incremento de tasas será de 29 mil 796 millones de pesos como ingresos adicionales en el ejercicio de 2010, los cuales evitarán un debilitamiento de las finanzas públicas.

Por lo anterior es necesario realizar ajustes a diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objeto de modificar las tasas mencionadas y adecuar las referencias a las tasas que se modifican y a los factores que deben aplicarse para identificar el IVA cuando se recupera el adeudo de documentos pendientes de cobro.

Por lo anterior, se propone reformar los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos siguientes:..."

Como se aprecia en la anterior transcripción,en ningún momento deriva esta modificación de alguna iniciativa presentada, que es la única que puede ser objeto de estudio por parte de la Comisión, tal y como lo prescribe el artículo 71 de la Carta Magna,por lo que al no respetarse el procedimiento legislativo, las modificaciones a la LIVA devienen inconstitucionales, y al ya no existir la norma anterior de esa misma Ley, si se promueve un amparo por el gobernado, la sentencia que se emitiese debiera tener por efecto el que no se pague cantidad alguna por este concepto.

Las etapas del procedimiento legislativo han sido puntualmente reconocidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo 2004, Tesis 1a. XXVIII/2004, página 306, del tenor siguiente:

LEYES. LA FALTA DE FIRMA EN EL DOCUMENTO QUE CONTIENE UNA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANCIAL AL ESTAR CONVALIDADA POR EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL.El hecho de que la iniciativa de una ley carezca de la firma del presidente de la República no constituye una violación sustancial al procedimiento de creación de leyes previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que si las demás fases de dicho procedimiento se cumplen tal circunstancia no trasciende al resultado final, consistente en la emisión de una ley por parte del Congreso, así como su promulgación y publicación formales. Lo anterior es así porque el procedimiento legislativo federal consta de cinco etapas:iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación (o promulgación); y su objetivo final -que es la emisión de una ley o de su reforma-está condicionado por la concreción de las etapas previas, dentro de las cuales hay algunas esenciales (y dentro de éstas, las hay hasta solemnes), como son las de que la ley emane de la actuación sucesiva y conjunta de las Cámaras; que en el seno de cada una se discuta y vote el contenido de un proyecto de ley; que una vez aprobado éste se promulgue mediante un decreto; que las leyes aprobadas por el Congreso se comuniquen al presidente de la República con la firma de los presidentes y secretarios de cada Cámara. En atención a lo anteriormente expuesto, si bien la fase de presentación de la iniciativa marca el comienzo de la actividad legislativa, si aquélla careciera de la firma del presidente de la República, pero en el seno del Congreso se discute sucesivamente en sus Cámaras, se vota y aprueba, se comunica al presidente y éste ordena su promulgación y publicación, debe entenderse que su contenido queda convalidado, pues no se habría impedido cumplir el fin último buscado con el proceso legislativo, es decir, que una ley sea aprobada por el Pleno del órgano legislativo y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos oficialmente ordene su publicación.

También el Pleno del Máximo Tribunal ha vertido queel motor que inicia el procedimiento para la creación de la norma jurídica es la iniciativa, con lo que se corrobora la inconstitucionalidad comentada, tal y como se muestra Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, Tesis P. LXIV/99, página 8, del siguiente contenido:

INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA.El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto quela iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general,para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.

La problemática se presenta en cuanto a quien tiene el interés jurídico para promover el juicio de amparo, si el contribuyente o el consumidor (tercero a quien se le traslada el impuesto). Ése es el punto medular a acreditar en el juicio de amparo que se promueva.

Independientemente de este punto controvertido que debiera ser impugnado por todos los gobernados, se hace una reseña de las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

Incremento de la tasa

(Arts. 1o,1o-C, 2o, 2-A y 5o, reforma, y octavo transitorio, fracción III)

Aumenta la tasa aplicable del 15% al 16%, y del 10% al 11% por los actos realizados por residentes en la región fronteriza en los términos ya conocidos.

Si los actos se celebran en 2009, pero las contraprestaciones se cobran en 2010, se aplicarán las disposiciones vigentes al momento del cobro, pero si los servicios se prestaron o los bienes se entregaron antes del 1o de enero de 2010, y el pago se realiza a más tardar el 10 de ese mismo mes y año, se permitirá que se cause el IVA al 15%, sin ser aplicable el beneficio a las operaciones entre partes relacionadas, sean o no residentes en México. La misma regla sería aplicable tratándose del uso o goce temporal de bienes para la contraprestación del período en que la actividad estuvo afecta a la tasa menor.

Esta disposición transitoriaevidentemente vulnera el principio de equidad y proporcionalidad tributarias, pues por una circunstancia ajena al causante (momento de pago), unas personas se verán beneficiadas con la aplicación de una tasa menor y otras no.

Vigencia

Las reformas entrarán en vigor el 1o de enero de 2010, salvo lo ya comentado.

Acerca del autor:

Baltazar Alejandre

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